La agonía de la infraestructura educativa estatal: Colegios públicos sobreviven con drásticos recortes presupuestales y trabas de Pronied
- 24 abr
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Actualizado: 19 jun
La brecha en la calidad educativa de los colegios estatales no solo se mide en la metodología de enseñanza, sino en las paredes agrietadas, los baños inoperativos y la falta de servicios básicos que miles de niños enfrentan a diario.
En una entrevista concedida a André Pinedo, de Willakuy, la comisionada de la Defensoría del Pueblo de la Oficina de Lima Norte, Nélida Ramírez, expuso las profundas deficiencias que atraviesa la infraestructura educativa estatal en su jurisdicción y el alarmante letargo administrativo que posterga soluciones urgentes para miles de estudiantes.
Un drástico "tijeretazo" al presupuesto de mantenimiento preventivo
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la comisionada Nélida Ramírez durante la entrevista con Willakuy es el drástico recorte en el fondo de mantenimiento preventivo que el Estado otorga directamente a los directores de las escuelas al inicio del año escolar.
De acuerdo con Ramírez, hace aproximadamente un lustro, un colegio público recibía en promedio 15,000 soles anuales para refacciones menores como arreglar redes eléctricas, cambiar ventanas rotas, pintar aulas o reparar sanitarios. En la actualidad, esa asignación presupuestaria se ha visto reducida de manera alarmante a un rango que oscila apenas entre los 2,500 y 3,500 soles al año.
"¿Qué crees que podrían hacer con 3,500 soles al año para hacer el mantenimiento adecuado de un colegio emblemático o bicentenario?"
"Ese presupuesto equivale a un promedio de 250 a 300 soles mensuales para locales enormes que cuentan con gimnasios, auditorios o incluso piscinas".
Esta situación obliga a las instituciones a depender de los aportes voluntarios de las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) o de recursos propios —como el alquiler de patios de recreo como cocheras provisionales— para cubrir gastos mínimos de subsistencia.
El calvario de la burocracia en Pronied: Expedientes paralizados por hasta 8 años
La problemática no solo radica en la falta de dinero para el día a día, sino en el engranaje de la reconstrucción y la ejecución de obras a gran escala. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) se encuentra en el centro de las críticas debido a la lentitud en la aprobación de proyectos técnicos.
A preguntas de Willakuy, Nélida Ramírez precisó que existen expedientes de reconstrucción en Pronied que llevan 6, 7 y hasta 8 años estancados en trámite, a pesar de que los directores ya han absuelto todas las observaciones técnicas pertinentes.
Para la Defensoría del Pueblo, este retraso resulta difícil de justificar, considerando que existen modelos estandarizados de construcción para costa, sierra y selva, donde el principal requerimiento variable es el estudio de suelos.
No obstante, las múltiples comisiones evaluadoras y estamentos burocráticos dilatan la ejecución de obras de manera indefinida.
Ante esta coyuntura, la funcionaria sugirió revaluar los mecanismos de inversión para abrir el abanico a alternativas como obras por impuestos, evitando depender únicamente del erario público y reduciendo los tiempos de espera que perjudican a la comunidad educativa.
El parche de la temporalidad: Módulos prefabricados que duran casi una década
Cuando una escuela pública es declarada inhabitable, las soluciones que aplican las UGEL y el Ministerio de Educación suelen ser parches temporales que terminan convirtiéndose en permanentes.
La instalación de aulas modulares provisionales es la alternativa más rápida para que los estudiantes no pierdan clases.
Sin embargo, la comisionada Ramírez advierte que estas estructuras prefabricadas suelen ubicarse en los patios escolares, lo que reduce drásticamente las zonas de esparcimiento de los niños. Además, debido a la lentitud en los proyectos de edificación, hay colegios en Lima que utilizan estos módulos prefabricados por más de 8 años consecutivos.
En situaciones extremas, los propios padres de familia y docentes se ven obligados a reunir fondos propios y edificar módulos rústicos por su cuenta para salvaguardar la escolaridad de sus hijos.
Frente a esta autoorganización, Nélida Ramírez instó a las UGEL a actuar de manera proactiva acompañando técnicamente a los padres desde el inicio del diseño, en lugar de fiscalizar y aplicar observaciones de forma punitiva una vez que las aulas ya están construidas, un hecho que desmotiva la cooperación vecinal y dilata el retorno a clases.
El rol fiscalizador y la vocación de servicio
A pesar de que la Defensoría del Pueblo no tiene facultades coercitivas o sancionadoras, su rol de supervisión es clave. Ante la negativa de atención de las UGEL, la institución eleva las recomendaciones a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) o al propio Ministerio de Educación.
Nélida Ramírez concluyó la entrevista señalando que, más allá de las deficiencias económicas, es urgente reestructurar los procedimientos administrativos para hacerlos más dinámicos y, sobre todo, recuperar la vocación de servicio al ciudadano en las entidades públicas de la administración estatal, evitando que los estudiantes de menores recursos sigan siendo el sector más vulnerable de la crisis educativa.
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